Este convenio ha sido de gran polémica en la provincia, poniendo en contra a grandes sindicatos entre sí, como el pequeño Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ha sido fuertemente atacado por otras organizaciones similar.

Respecto a la negociación que se dio entre la patronal y los sindicatos de trabajadores, el IPC no tiene que ser la medida con la que se ajusten los salarios necesariamente, por cuanto ha habido ocasiones en las que se ha calculado de manera diferente. En este sentido, en caso de utilizar el IPC, no puede usarse basándose en aproximados sino en las cifras reales que se obtienen a fin de año; esto con el fin de evitar problemas, por cuanto al basarse en estimaciones, si al final del año no se corresponden con la realidad, puede haber situaciones en las que una parte deba devolver dinero a la otra.

En el sector hubo un convenio que tendría aplicación entre el 2010 y el año 2010, pactándose que cada año habría un aumento salarial en base el IPC real del año justamente anterior, lo cual se podía ver en el artículo noveno de dicho convenio. En este sentido, para el año 2012 hubo una previsión de que aumentara el 1.5% del salario, pero en realidad se dio que para este año el IPC verdadero fue de casi el 3% por lo cual la patronal tenía que abonar la diferencia para febrero del año siguiente, para cumplir con el compromiso que tenía con todos los trabajadores hosteleros de Sevilla. Sin embargo, la patronal no cumplió con este requisito, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores tomó cartas en el asunto, demandando formalmente por incumplimiento de convenio colectivo del trabajo, el SAT apuntó en la demanda que hubo un agravante en la situación, estableciendo que hubo alevosía de parte de la patronal de que la UGT, por cuanto evitaron el abono en el mes de febrero en vista de que pactarían un nuevo convenio colectivo dos tres meses después de este incidente, actuando de manera ilegal al no cumplir con el abono de la diferencia que le correspondía a los trabajadores, y haciendo una nueva negociación para el mes de mayo del año dos mil trece, pactando un aumento salarial de carácter retroactivo.

El lema de la triunfante y exitosa compañía española de supermercados Mercadona es el de “supermercados de confianza”, y es que servir de confianza al usuario es una de sus premisas empresariales. Juan Roig, el padrino de la idea de Mercadona, se ha colocado como una de las mayores fortunas de nuestro país, merced a los ingresos millonarios que año tras año le acompañan; en la actualidad se estima que Roig posee un capital cercano a los seis mil millones de euros.

En este contexto, Mercadona ha dejado de ser un simple conglomerado de supermercados para convertirse en uno de los núcleos de poder más relevantes e influyentes de España. Aunque en tiempos de crisis Mercadona pueda haber presumido de haber creado empleo, obviamente la expansión de la marca no se ha correspondido con una contratación de personal proporcional ni con unas subidas de salarios a la altura de cómo la marca ha crecido.

Pero en Mercadona no todo son luces. El nombre de la marca ha aparecido envuelto en escasos de financiación ilegal de partidos, como quedó de manifiesto en los papeles del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

En la sombra del ascenso de Mercadona han perecido multitud de pequeños comercios y de mercados de barrio que no han podido soportar la competencia de un gigante cada vez más inflado que ha ido devorando y devastando a todos los peces chicos que encontraba en su camino. La explotación laboral y los despidos por embarazo o por enfermedades tan usuales como la fibromialgia son otras de las oscuridades de Mercadona.

Las ganancias jugosas de Mercadona con algunos alimentos hortofrutícolas contrastan enormemente con la ridícula remuneración económica que reciben muchos campesinos y agricultores; ellos dan vida a un alimento que después va a venderse por un precio desorbitado, por lo que el porcentaje de ganancia de la multinacional española es más que injusto y desproporcionado.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores, en su afán por defender los derechos de los obreros de Andalucía y por reclamar el derecho al trabajo de la ciudadanía del sur de España, se ha convertido en el sindicato más represaliado de toda Europa. En torno a seiscientos sindicalistas acumulan peticiones de penas que se encuentran por encima de los 400 años de cárcel.

Otra de las cruzadas contra el SAT -un sindicato humilde cuyas fuentes de financiación se basan en la afiliación de jornaleros y demás afiliados- se desarrolla a través de las multas; el SAT debe abonar aún, después de muchos pagos gracias a la solidaridad de la ciudadanía, alrededor de un millón de euros.

La última manifestación de este plan inquisitorio y represivo es la condena a tres años y medio de cárcel a José Bódalo, a quien se le acusaba de haber agredido a un concejal del PSOE durante la última huelga general; en el juicio fueron desestimados los vídeos entregados por el sindicato, en los que se apreciaba cómo no existía agresión alguna, así como también fueron ignorados los testimonios de dos guardias civiles que desmentían esa agresión.

El que hasta hace unos meses era el portavoz nacional del sindicato y su cabeza más visible, Diego Cañamero, se ha esforzado por propagar la realidad de que el SAT no es un sindicato violento, sino todo lo contrario. Y es que buena parte de estas exageradas multas proceden de ocupaciones pacíficas de fincas o de ocupaciones simbólicas de espacios público o privados.

Y mientras el SAT sigue siendo perseguido por los poderes fácticos de la nación, Andalucía, pueblo al que se esfuerzan por defender, continúa a la cabeza en pobreza y en desempleo; una de las causas de que la miseria siga siendo endémica en Andalucía es que los grandes terratenientes (también otros propietarios de índole estatal) tienen en su propiedad tierras que no se trabajan y que no pueden ponerse a merced de los trabajadores.

El esperpéntico y salvaje escenario que se ha estado viviendo en la Comunidad Valenciana durante la etapa democrática bajo el Gobierno monocolor del Partido Popular parece haber tocado a su fin. Eso sí, atrás quedan lustros en los que la corrupción ha ido devorando la imagen del pueblo valenciano y robando dinero que pertenecía a todos y cada uno de los ciudadanos de esta región.

La corrupción ha salpicado a las tres provincias valencianas de una manera bestial, como una plaga, algo que también ha ocurrido en comunidades como Madrid o Andalucía. Pero esta triste práctica llevada a cabo desde los poderes fácticos de la comunidad contrasta considerablemente con los recortes en educación o sanidad que se han ido implementando en este tiempo.

Hace dos años, Alicante vivió con dos de sus trabajadores sociales una vergüenza a la altura de todo lo ocurrido en la Comunidad Valenciana en estos años. A finales de 2014, el Ayuntamiento de Alicante decidió no renovar el contrato a dos de sus cincuenta trabajadores sociales; se da la peculiaridad extraordinaria de que estas dos personas que perdieron su empleo tenían cáncer, lo que denota la falta de humanidad en tal procedimiento.

El hecho se agrava al tratarse del despido de dos trabajadores públicos. Incluso resultaría difícil imaginar que una empresa privada, como, por citar alguna que sirva de ejemplo, Cerrajeros San Juan, echase a la calle a dos de sus operarios por tener cáncer. Pero el caso es que ha sido el propio Ayuntamiento el que ha incurrido en esta lamentable praxis.

El departamento de Recursos Humanos sabía que estas dos personas a las que no se les renovó el contrato padecían, uno, tumores en el riñón y la garganta, y el otro, tumor en el estómago. Pese a la insistencia del sindicato UGT, no hubo respuesta alguna en esta discriminación despreciable, que acabó con el resto de los cuarenta y ocho trabajadores sociales con sus contratos renovados.

En una democracia como la española resulta esencial y necesario que los trabajadores que forman parte de una empresa puedan estar sindicados, así como que estos sindicatos tejan dentro del seno empresarial unas buenas organizaciones que aboguen por la unidad de los obreros, por los convenios más óptimos y por defender de forma conjunto el futuro de la empresa y de quienes hacen posible que la actividad empresarial se desarrolle.

La carencia de esta salud sindical es uno de los principales problemas con los que se han encontrado ahora los trabajadores de Abengoa, que no gozan de fuerza sindical ni obrera que defienda lo mejor para ellos y para el futuro de la compañía. Y es que durante años la vida cotidiana en Abengoa se ha desarrollado sin que los sindicatos pudieran velar por el correcto funcionamiento de los tajos y por los derechos del obrero.

El miedo de los trabajadores a ser despedidos fue una de las consecuencias de las amenazas con las que Abengoa amedrentó a los miembros de su plantilla si decidían montar un sindicato. El pánico hace unos meses cuando estalló la crisis del gigante andaluz fue tal entre los trabajadores, que aquellos que peleaban y se manifestaban por crear un comité de empresa tuvieron finalmente que dar marcha atrás ante las represaliar que pudiera tomar la compañía.

Resulta por tanto llamativa que en pleno siglo veintiuno en un país civilizado se produzca una gestión autoritaria por parte de aquellos que, por otra parte, han llevado a la más absoluta ruina a una de las compañías más poderosas de España. Tampoco hay que olvidar que Abengoa tenía trabajando hasta finales de 2015 en todo el mundo a más de 25.000 personas.

Ahora, en mitad de la tormenta, con multitud de despidos produciéndose desde hace unos meses y con la tónica frecuente de que a final de mes no lleguen los pagos de los salarios, los trabajadores de Abengoa se encuentran con más miedo aún del que deberían tener en un contexto tan adverso como este, y todo por no tener un comité de empresa que vele por lo mejor para ellos y para su futuro.