El Sindicato Andaluz de Trabajadores, en su afán por defender los derechos de los obreros de Andalucía y por reclamar el derecho al trabajo de la ciudadanía del sur de España, se ha convertido en el sindicato más represaliado de toda Europa. En torno a seiscientos sindicalistas acumulan peticiones de penas que se encuentran por encima de los 400 años de cárcel.

Otra de las cruzadas contra el SAT -un sindicato humilde cuyas fuentes de financiación se basan en la afiliación de jornaleros y demás afiliados- se desarrolla a través de las multas; el SAT debe abonar aún, después de muchos pagos gracias a la solidaridad de la ciudadanía, alrededor de un millón de euros.

La última manifestación de este plan inquisitorio y represivo es la condena a tres años y medio de cárcel a José Bódalo, a quien se le acusaba de haber agredido a un concejal del PSOE durante la última huelga general; en el juicio fueron desestimados los vídeos entregados por el sindicato, en los que se apreciaba cómo no existía agresión alguna, así como también fueron ignorados los testimonios de dos guardias civiles que desmentían esa agresión.

El que hasta hace unos meses era el portavoz nacional del sindicato y su cabeza más visible, Diego Cañamero, se ha esforzado por propagar la realidad de que el SAT no es un sindicato violento, sino todo lo contrario. Y es que buena parte de estas exageradas multas proceden de ocupaciones pacíficas de fincas o de ocupaciones simbólicas de espacios público o privados.

Y mientras el SAT sigue siendo perseguido por los poderes fácticos de la nación, Andalucía, pueblo al que se esfuerzan por defender, continúa a la cabeza en pobreza y en desempleo; una de las causas de que la miseria siga siendo endémica en Andalucía es que los grandes terratenientes (también otros propietarios de índole estatal) tienen en su propiedad tierras que no se trabajan y que no pueden ponerse a merced de los trabajadores.